Más jurisprudencia de interés. Diciembre 2019 (1.ª quincena)


El TS fija como  criterio que la declaración extemporánea no interrumpe la prescripción si el  procedimiento había caducado

  La Administración recurrente sostiene la  naturaleza interruptiva de la declaración extemporánea que hizo la recurrida.  La Sala no comparte esta interpretación, pues dentro del procedimiento  administrativo se pueden dar numerosos actos que pudieran considerarse  dirigidos al reconocimiento o liquidación de la deuda tributaria, realizados de  forma fehaciente y que pudieran interrumpir la prescripción del derecho de la  Administración a determinar la deuda tributaria. No encontramos apoyo normativo  que permita distinguir a estos efectos entre una declaración que inicia el  procedimiento de liquidación en el Impuesto sobre Sucesiones y las llevadas a  cabo de forma fehaciente por el mismo interesado dentro del mismo, teniendo  todas efecto interruptivo de la prescripción. La cuestión no es si interrumpe  la prescripción la declaración extemporánea del hecho sucesorio por el obligado  tributario, sino si declarada la caducidad del procedimiento en que se inserta  y al que da inicio, esta tiene un carácter autónomo, con lo que produciría un  doble efecto, interrumpir la prescripción, al margen de lo que durara el  procedimiento que abre y del que forma parte, y de otro lado, ser un elemento  necesario y formal de dicho procedimiento. De admitir la tesis de la  recurrente, la previsión del art. 104.5 LGT, en cuanto prevé que la declaración  de caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la  Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los  procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción, carecería  de efectos jurídicos, pues la conculcación del plazo para culminar el  procedimiento, so pena de incurrir en caducidad, no tendría efecto jurídico  alguno, pues el inicio del procedimiento, en este caso mediante la declaración  tributaria, y la realización de actos fehacientes por parte del sujeto obligado  habrían ido interrumpiendo nuevamente el plazo de prescripción, reiniciándose  los plazos con cada acto interruptivo. La Sala fija como criterio  interpretativo que, declarada la caducidad de un expediente iniciado por  declaración, los actos del mismo, incluyendo la declaración, no interrumpen el  plazo de prescripción, por lo que solo puede reiniciarse el procedimiento si no  ha transcurrido el plazo legalmente establecido.

  (Tribunal Supremo, 25 de noviembre de 2019, recurso n.º 6270/2017)

El TS debe aclarar si la caducidad  de la tasación pericial contradictoria interrumpe la prescripción del derecho a  liquidar

El Tribunal Supremo debe aclarar si a la  tasación pericial contradictoria practicada en ejecución de sentencia le son en  todo caso aplicables las disposiciones administrativas contenidas en la LGT y  normas de desarrollo, o si, por el contrario, sólo rigen para ella las normas  procesales de los arts. 103 y siguientes LJCA, relativas a la ejecución de  sentencia. Por otro lado debe precisar el Tribunal si el reconocimiento por  sentencia del derecho a llevar a cabo la tasación pericial contradictoria  excluye, en perjuicio del contribuyente, la limitación temporal para el  ejercicio de las facultades y potestades de la Administración, y, por tanto, el  procedimiento no queda sometido a plazo alguno de caducidad ni tampoco a que  eventualmente se produzca la prescripción del derecho a liquidar. El interés  casacional objetivo antes señalado se ve acreditado toda vez que la sentencia  aquí impugnada se pronuncia sobre una cuestión que, está entrelazada con la de  la STS de 17 de enero de 2019, recurso n.º 212/2017, pero que  todavía no está en rigor estrictamente resuelta, pues en este caso estamos en  presencia de una tasación pericial contradictoria  llevada a cabo en  ejecución de sentencia .

(Tribunal Supremo, 21 de noviembre de 2019, recurso n.º 3673/2019)

El TS debe completar su doctrina  sobre la no equivalencia al valor real del valor catastral multiplicado por un  coeficiente

Las SSTS de 23 de mayo de 2018, recurso. n.º  1880/2017 (NFJ070817) y  recurso n.º 4202/2017 (NFJ070594),  fijaron la doctrina sobre la inidoneidad del método de comprobación consistente  en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por  índices o coeficientes, por su generalidad y falta de relación con el bien  concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en  aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su  valor real. Sin embargo, la Sentencia impugnada prescinde totalmente de esta  doctrina y por ello las cuestiones que presentan interés casacional objetivo  para la formación de la jurisprudencia consisten en determinar si la aplicación  de un método de comprobación del valor real de transmisión de un inmueble  urbano consistente en aplicar un coeficiente multiplicador sobre el valor  catastral asignado al mismo, para comprobar el valor declarado a efectos del  ITP y AJD, permite a la Administración tributaria invertir la carga de la  prueba y obligar al interesado a probar que el valor comprobado obtenido no se  corresponde con el valor real. También debe determinar el Tribunal Supremo si,  en caso de no estar conforme con el valor comprobado, el interesado puede  utilizar cualquier medio de prueba admitido en Derecho o se encuentra obligado  a promover una tasación pericial contradictoria para desvirtuar el valor  obtenido por el método expresado, habida cuenta de que es el medio  específicamente regulado para cuestionar el valor comprobado por la  Administración tributaria en caso de discrepancia.

(Tribunal Supremo, 21 de noviembre de 2019, recurso n.º 3382/2019)

El TS debe concretar si la  exención en el IRPF por trabajos en el extranjero  incluye las dietas

La sentencia impugnada considera que para  evitar una interpretación extensiva en materia del beneficio fiscal pretendido  -prohibida expresamente por el art. 14 Ley 58/2003 (LGT)- no es posible  computar, a efectos de la exención prevista en el art. 7 p) Ley 35/2006  (Ley IRPF), como días de desplazamiento para efectuar trabajos para una empresa  o establecimiento permanente en el extranjero, los días de viaje de ida o de  vuelta, si no se ha podido desarrollar en ellos una jornada de trabajo, en  horario laboral, en el país de destino. La Sala de admisión del TS considera  que presenta interés casacional determinar el alcance de la expresión  "rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados  en el extranjero", sobre la que no existe jurisprudencia. En particular,  tal cuestión consiste en precisar el alcance de la expresión "rendimientos  del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el  extranjero" contenida en el art. 7.p) Ley IRPF y, en particular, si en tal  concepto deben entenderse comprendidas las dietas o las cantidades percibidas  por el trabajador, en atención a los días de desplazamiento al país de destino  o de regreso a España. Presenta interés casacional objetivo para la formación  de jurisprudencia, porque la norma que sustenta la razón de decidir de la  sentencia discutida no ha sido nunca interpretada por el Tribunal Supremo en  una situación de hecho como la trabada en el litigio (trabajador que considera  exentas las retribuciones percibidas de su empleador por los días de efectivo  desplazamiento para realizar las tareas en el extranjero que producen las  rentas legalmente exentas), por lo que resulta conveniente un pronunciamiento  del Tribunal Supremo que la esclarezca.

(Tribunal Supremo, 21 de noviembre de 2019, recurso n.º 1990/2019)

El TS exige que la regularización  de operaciones vinculadas sea completa y bilateral evitando el enriquecimiento  injusto de la Administración

El Tribunal fija como criterio interpretativo  que, el principio de seguridad jurídica, en los expedientes en los que se  cuestiona la realidad de operaciones entre sociedades del grupo o entre las que  existe algún tipo de vinculación, que en caso de aplicarse a otros sujetos pasivos  intervinientes en la operación les generaría a aquellos un exceso de  tributación susceptible de regularización, la Administración debe efectuar una  regularización completa y bilateral de la situación, evitando con ello el  enriquecimiento injusto de la Administración. En cuanto a la infracción de la  jurisprudencia por falta de acreditación de la concurrencia del elemento  subjetivo o de culpabilidad en la imposición de la sanción, sostiene el  recurrente que la sentencia incurre en infracción de la doctrina contenida en  diversas sentencias de esta Sala relativa a la acreditación de la concurrencia  del elemento subjetivo o de culpabilidad para la imposición de sanciones  tributarias. La sentencia recurrida se remite sin más a lo que se sostiene en  la resolución administrativa que no consiste sino en la presunción de un  incumplimiento de una norma fiscal que se considera clara y cuyo conocimiento  ha de presumirse en sociedades mercantiles, lo que a nuestro juicio no cumple  con las exigencias de la doctrina de esta Sala que la sentencia recoge  ampliamente. Esto, unido al hecho de que se reconoce la existencia de un  incumplimiento formal por parte de la Administración al no llamar al  procedimiento a la entidad mercantil vinculada, lleva a la estimación parcial  en este punto del recurso contencioso y la anulación de las sanciones impuestas.

(Tribunal Supremo, 13 de noviembre de 2019, recurso n.º 1675/2018)

El TS afirma que el art. 66.3 Ley II.EE no exige  la baja en Tráfico del vehículo para solicitar la devolución del IEDMT por el  revendedor

El acto administrativo, las resoluciones y la  sentencia que cuestiona la recurrente en esta sede, coinciden en mantener que  el empresario dedicado a la reventa que envía el vehículo fuera del territorio  del impuesto debe ser propietario del mismo; y el medio idóneo, «esencial» -en  realidad, aunque nunca se expresa de este modo, por los razonamientos que se  utilizan, quiere decirse que el único para acreditar dicha propiedad es que el  certificado de la baja del vehículo que reclama el art. 66.3 Ley II.EE sea  solicitado a la Jefatura de Tráfico -y, por ende, expedido por esta- a nombre  del empresario que solicita la devolución del IEDMT. La Sala de instancia no ha  valorado mínimamente dicha documentación, al considerar -erróneamente- en la  sentencia impugnada que se casa y anula, que el art. 66.3 LIIEE exige para  tener derecho a la devolución que establece, que la solicitud de baja de los  vehículos haya sido en todo caso solicitada por el empresario revendedor, razón  por la cual lo procedente es retrotraer las actuaciones al momento anterior a  dictar sentencia para que la Audiencia Nacional decida si del conjunto de la  prueba que obra en autos se desprende la propiedad de los vehículos  controvertidos en el momento de la solicitud de baja de los mismos en la Jefatura  de Tráfico.

(Tribunal Supremo, 7 de noviembre de 2019, recurso n.º 6083/2017)

El TS debe pronunciarse sobre la inaplicación del art. 32 TR Ley IS que  preveía un tratamiento desigual de los dividendos de fuente interna y externa

La cuestión jurídica enunciada presenta interés casacional  objetivo para la formación de jurisprudencia porque no hay más que una  sentencia [Vid., STS de 16 de febrero de 2017, recurso n.º 255/2016] que la aborda específicamente, lo que hace aconsejable que la Sala  se pronuncie para reafirmar, reforzar o completar aquél criterio o, en su caso,  para cambiarlo o corregirlo, pues no se puede desconocer que el distinto  tratamiento de los dividendos de fuente interna y de fuente externa que deriva  de los arts. 30 y 32 TR Ley IS, ha estado vigente mientras que lo han estado  esos preceptos, hasta el 31 de diciembre de 2014, por lo que todavía se podrían  originar nuevos litigios sobre el particular, que se añadirían a los ya  existentes, y porque la inaplicación de un precepto legal, como lo es el art.  32 TR Ley IS, puede causar un grave daño al interés general, si no se tiene la  certeza de que la doctrina que lo permite, al amparo de la jurisprudencia del  TJUE, resulta conforme a Derecho. Conviene pues un nuevo pronunciamiento del  Tribunal Supremo sobre dicha cuestión para lograr la seguridad jurídica. Así la  Sala debe determinar si cabe inaplicar el art. 32 TR Ley IS (previsto para  evitar la doble imposición internacional de dividendos y participaciones en  beneficios), a los dividendos percibidos por una entidad residente en España  distribuidos por una entidad residente en otro Estado miembro de la UE en la  que tiene un porcentaje de participación superior al cinco por ciento, por  reputarlo contrario a las libertades fundamentales reconocidas en los arts. 49  y 63 TFUE, limitándose a afirmar que produce un trato discriminatorio en  comparación con el art. 30 TR ley IS (previsto para evitar la doble imposición  interna de dividendos y plusvalías de fuente interna), porque este último  precepto permite trasladar los beneficios fiscales de tales dividendos al  corregir la doble imposición mientras que no ocurre lo propio con el primero.

(Tribunal Supremo, 6 de noviembre de 2019, recurso n.º 3833/2019)

Los terrenos rústicos  vendidos eran explotados como canteras, figuraban en el inmovilizado y estaban  afectos a la actividad de la empresa

Los terrenos vendidos eran terrenos rústicos explotados  como canteras, con las autorizaciones correspondientes, por lo que cabe la  deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. Los terrenos figuraban  en el inmovilizado, estaban afectos a la actividad de la empresa como canteras  tanto para la extracción propia de arcillas, depósito de material, depósito de  máquinas y camiones, vías de acceso a la cantera como al depósito y maquinaria,  contando toda la cantera con sus preceptivos planes de labores que han sido  realizados hasta el momento de la venta, por lo que han sido utilizados desde  sus respectivas adquisiciones hasta su venta, todo lo que queda perfectamente  acreditado con la documentación aportada al expediente. El simple hecho de  constituir una AIU no supone por sí sola el inicio de una actividad de  promoción inmobiliaria, mucho menos cuando dicha actividad no había sido  realizada con anterioridad, ni con posterioridad, por la empresa, no habiéndose  siquiera iniciado las obras de urbanización hasta años después de la  transmisión. Además de todo lo expuesto con anterioridad debe de tenerse en  cuenta que no existe siquiera indicio alguno de que al constituirse la AIU la  empresa tuviese la intención de realizar una actividad de promoción  inmobiliaria, y que el hecho de que dos años después la sociedad decida vender  los terrenos a sus socios, únicamente indica la intención de la sociedad de  centrarse en su actividad ladrillera, siendo indiferente a los efectos de su  inmovilizado lo que sus socios hicieran con posterioridad con los terrenos transmitidos.  La Sala admite la improcedencia de la sanción por falta de motivación de la  culpabilidad y la inexistencia de ánimo de ocultación.

(Audiencia Nacional, 17de octubre de 2019, recurso n.º 376/2016)

El incumplimiento  del plazo especial de un mes para la ejecución de una sanción provoca la  caducidad

No son aplicables las normas que rigen la duración  del procedimiento inspector y la duración del procedimiento en caso de  retroacción de actuaciones inspectoras. No puede anudarse el efecto de  caducidad del expediente previsto, cuando estamos ante una ejecución de lo  decidido por el TEAC. La recurrente sostiene la aplicación del art. 104 LGT en  cuanto a los plazos de resolución (seis meses), pero la ejecución de  Resoluciones del TEAC tiene fijado un plazo específico, 1 mes,  y siendo  esta norma especial se aplica con preferencia a la general. Cuestión distinta  son los efectos del incumplimiento del plazo. Es evidente que el efecto de  aplicar una sanción es desfavorable, por lo que sería de aplicación esta norma.  Aunque el supuesto que nos ocupa responde a lo previsto en el art. 66.3 RGRVA  pues solo se trata de realizar una operación matemática para cuantificar el  importe de la sanción no anulado, es evidente que existe un procedimiento de  ejecución, por muy simple que este sea, que constituye el supuesto de hecho del  art. 104 LGT. El incumplimiento del plazo señalado en el artículo 66.2 del RD  520/2003, y ante la ausencia de previsión en el propio Reglamento, debe tener  la consecuencia que señala el artículo 104 de la LGT, esto es, la caducidad del  expediente, con las consecuencias inherentes a esa caducidad, también  establecidas en la misma norma.

(Audiencia Nacional, 1 de octubre de 2019, recurso n.º 259/2016)

Si el  Ayuntamiento dividió la liquidación en nueve, a la hora de apelar no puede  pedir la acumulación de la cuantía de todas

No cabe interponer por razón de la cuantía recurso de apelación contra  la sentencia dictada, aunque la misma así lo hubiera indicado, lo que determina  en este trámite de sentencia que la causa de inadmisión se convierta en causa  de desestimación siguiendo constante doctrina jurisprudencial relativa al  recurso de casación, aplicable al presente caso por identidad de razón. Los  argumentos esgrimidos en su escrito por el Ayuntamiento apelante no pueden dar  lugar a una modificación del indicado criterio. Es cierto que se trató de una  única transmisión y que los que se transmitió era un único bien inmueble, pero  fue el propio Ayuntamiento el que dividió la liquidación del impuesto en 9  liquidaciones, atendiendo al número de adquirentes que adquirieron  participaciones indivisas, por lo que realmente no se aprecia cuál fue la razón  que determinó la división de la liquidación en 9, pero ha de atenderse  necesariamente al contenido del acto impugnado y al hecho de que es la propia  actuación del Ayuntamiento la que ha determinado este resultado.

(Tribunal Superior de Justicia de Canarias (Sede en Santa Cruz  de Tenerife) 6 de junio de 2019, recurso n.º 41/2019)