Jurisprudencia de derecho mercantil de interés. Diciembre 2019 (1.ª quincena)


Distinción entre cláusulas de delimitación del riesgo y cláusulas  limitativas de derechos en un seguro de personas cumulativo

Seguro de personas múltiple o cumulativo. Distinción entre cláusulas de  delimitación del riesgo y cláusulas limitativas. Las cláusulas de delimitación de cobertura concretan el objeto del  contrato y fijan los riesgos que, en caso de producirse, hacen surgir en el  asegurado el derecho a la prestación por constituir el objeto del seguro.  Mientras que las cláusulas limitativas de derechos restringen, condicionan o  modifican el derecho del asegurado a la indemnización o a la prestación  garantizada en el contrato, una vez que el riesgo objeto del seguro se ha  producido, y han de estar destacadas tipográficamente y ser específicamente  aceptadas por escrito.

En el presente caso, la cláusula  incluida en la póliza individual de la compañía aseguradora regula el seguro  como complementario de otro que haya contratado el mismo asegurado, de modo  que, conforme a su tenor literal, operaría como suplemento de lo abonado  conforme al otro contrato, hasta el límite de la garantía máxima contratada. En  este caso, la concurrencia de seguros se produce en el ámbito del seguro de  personas. El demandante-recurrente tenía concertadas dos pólizas de seguro de  incapacidad profesional con la misma compañía -una individual y otra colectiva-  para el mismo riesgo (incapacidad profesional que implica la pérdida definitiva  de la licencia de piloto). Es una opción contractual que tiene como finalidad  cubrirse lo máximo posible ante una contingencia de enorme gravedad, como es la  pérdida de las facultades para el ejercicio de la actividad profesional.

En los seguros de personas no  opera el principio de indemnización efectiva, propio de los seguros de daños,  por lo que las prestaciones aseguradas en las pólizas de seguros de personas  son acumulables entre ellas sin distribución proporcional. Como quiera que en  los seguros de personas no existe una previsión legal semejante a la del art.  32 LCS, una cláusula contractual que impide que el asegurado pueda percibir la  totalidad de las sumas aseguradas, estableciendo un régimen de compensación  entre las distintas pólizas, no puede ser conceptuada como de delimitadora del  riesgo, sino que, claramente, limita los derechos del asegurado, en relación  con el contenido natural del contrato, que supone que, en los seguros de  personas, el asegurado pueda exigir el cumplimiento íntegro de cada contrato  individual.

Por tanto, al ser una cláusula  limitativa de los derechos del asegurado y que no reunía los requisitos del  art. 3 LCS, puesto que ni estaba resaltada ni había sido aceptada expresamente  por el demandante, se condena a la compañía aseguradora al pago de la  indemnización solicitada por el demandante, más los intereses del art. 20 LCS  desde la fecha de reclamación extrajudicial, que se fija en la demanda como dies a quo. (Sentencia  del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 14 de noviembre de 2019, rec.  800/2017)

Préstamo hipotecario indexado a una moneda extranjera

Contratos celebrados con consumidores. Cláusulas abusivas. Préstamo  hipotecario indexado a una moneda extranjera. Cláusula relativa a la  determinación del tipo de cambio entre las monedas. Apreciación del interés del  consumidor. Efectos de la constatación del carácter abusivo de una cláusula  y posibilidad de que el juez subsane las cláusulas abusivas recurriendo a  cláusulas generales del Derecho civil y subsistencia del contrato sin cláusulas  abusivas. El artículo 6.1, de la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas  abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el  sentido de que no se opone a que un órgano jurisdiccional nacional, tras haber  constatado el carácter abusivo de determinadas cláusulas de un contrato de  préstamo indexado a una moneda extranjera y con un tipo de interés directamente  vinculado al tipo interbancario de la moneda de que se trate, considere,  conforme a su Derecho interno, que ese contrato no puede subsistir sin tales  cláusulas debido a que su supresión tendría como consecuencia modificar la  naturaleza del objeto principal del contrato. Las consecuencias sobre la  situación del consumidor provocado por la anulación de un contrato en su  totalidad, deben apreciarse a la luz de las circunstancias existentes o  previsibles en el momento del litigio, y de que, por otra parte, a efectos de  tal apreciación, la voluntad que el consumidor haya expresado a este respecto  es determinante.

El artículo 6.1 se opone a que se  puedan suplir las lagunas de un contrato, provocadas por la supresión de las  cláusulas abusivas que figuran en este, sobre la única base de disposiciones  nacionales de carácter general que dispongan que los efectos expresados en un  acto jurídico son completados, en particular, por los efectos dimanantes del  principio de equidad o de los usos, que no son disposiciones supletorias ni  disposiciones aplicables en caso de acuerdo entre las partes del contrato.

Así mismo, dicho artículo se  opone al mantenimiento de las cláusulas abusivas que figuran en un contrato  cuando su supresión llevaría a la anulación del contrato y el juez estima que  esta anulación causaría efectos desfavorables para el consumidor, si este no ha  consentido tal mantenimiento. (Sentencia  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala tercera,  de 3 de octubre de 2019, asunto C-260/2018)

Acción individual de responsabilidad frente al administrador por cierre  de hecho sin practicar operaciones de liquidación

Sociedad de Responsabilidad Limitada. Acción individual de  responsabilidad. Impago de créditos. Cierre de hecho de la sociedad.  Inexistencia de ilícito orgánico. Cuando un acreedor ejercita una acción  individual de responsabilidad frente al administrador de una sociedad en la que  el daño o perjuicio cuya indemnización se pretende es el impago de un crédito,  es muy fácil caer en el riesgo de identificar la actuación antijurídica de la  sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para  cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su  administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su  cargo. Esta errónea concepción de la responsabilidad de los administradores  sociales convertiría tal responsabilidad en objetiva y se produciría una  confusión entre la actuación en el tráfico jurídico de la sociedad y la  actuación de su administrador. De forma que, para que pueda prosperar una  acción individual, es necesario identificar una conducta propia del  administrador, distinta de no haber pagado el crédito, que pueda calificarse de  ilícito orgánico y a la cual pueda atribuirse la causa de no haber sido satisfecho  el crédito.

En este caso, el ilícito orgánico  denunciado ha sido realizar un cierre de hecho sin practicar operaciones de  liquidación y una denuncia genérica de distracción de activos. De este modo, la  dificultad radica en apreciar una relación de causalidad entre esta conducta y  el impago de la deuda, pues se precisa la constatación de la existencia de  concretos activos cuya realización hubiera permitido abonar total o  parcialmente la deuda. Algo que realizado hubiera servido para pagar el crédito.  En este sentido, la sala declara que el ilícito orgánico no es tan claro ni  tampoco su relación de causalidad con la frustración del pago del crédito del  demandante. De una parte, la falta de la disolución y liquidación de la  sociedad, tras la paralización de su actividad (ejecución de obras) reviste  menor gravedad en la medida en que está pendiente la finalización de las  acciones judiciales entabladas por la sociedad para cobrar lo que se le debe en  la obra en que, a su vez, subcontrató los trabajos de pintura del demandante.  Y, de otra, no se aprecia que, más allá del crédito pendiente de cobro y objeto  de reclamación al promotor, la sociedad tuviera otros activos que en caso de  una ordenada disolución y liquidación hubieran permitido cobrar al demandante  su crédito. (Sentencia  del Tribunal Supremo, Sala de lo civil, de 14 de noviembre de 2019, rec.  1318/2017)

No constituye un desequilibrio importante ni es contraria a la buena fe  ni falta de transparencia la cláusula de un contrato de préstamo que no precisa  ni identifica claramente los servicios prestados

Contrato de préstamo celebrado con un consumidor. Falta de detalle de  los servicios que constituían contrapartida de gastos de gestión y comisión de  desembolso. Ausencia de desequilibrio en las prestaciones. La exigencia de  transparencia se ha de entender como una obligación no solo de que la cláusula  considerada sea comprensible gramaticalmente para el consumidor, sino también  de que ese consumidor pueda evaluar, basándose en criterios precisos y  comprensibles, las consecuencias económicas que para él tiene dicha cláusula.  Sin embargo, el prestamista no está obligado a precisar en el contrato de que  se trate la naturaleza de todos los servicios proporcionados como contrapartida  de los gastos previstos en una o varias cláusulas contractuales. No obstante,  habida cuenta de la protección que la Directiva 93/13 pretende conceder al  consumidor por el hecho de encontrarse en una situación de inferioridad con  respecto al profesional, tanto en lo que respecta a la capacidad de negociación  como al nivel de información, es importante que la naturaleza de los servicios  efectivamente proporcionados pueda razonablemente entenderse o deducirse del  contrato en su conjunto. Además, el consumidor debe poder comprobar que no hay  solapamiento entre los distintos gastos o entre los servicios que aquellos  retribuyen.

El examen de la existencia de un  posible desequilibrio importante no puede limitarse a una apreciación económica  de naturaleza cuantitativa que se base en una comparación entre el importe  total de la operación objeto del contrato, por un lado, y los costes que esa  cláusula pone a cargo del consumidor, por otro. En efecto, un desequilibrio  importante puede resultar meramente de un menoscabo suficientemente grave de la  situación jurídica en la que el consumidor se encuentre, como parte en el  contrato considerado, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya  sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas  disposiciones, le confiere dicho contrato, ya de un obstáculo al ejercicio de  estos o de imposición al consumidor de una obligación adicional no prevista por  las normas nacionales.

En virtud de tales razonamientos,  debe entenderse que los artículos 4, apartado 2, y 5 de la Directiva 93/13/CEE  del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los  contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que  el requisito de que una cláusula contractual esté redactada de manera clara y  comprensible no exige que las cláusulas contractuales que no hayan sido objeto  de negociación individual contenidas en un contrato de préstamo celebrado con  los consumidores, como las controvertidas en el litigio principal, que  determinan con precisión el importe de los gastos de gestión y de una comisión  de desembolso a cargo del consumidor, su método de cálculo y el momento en que  han de abonarse, precisen también todos los servicios proporcionados como  contrapartida de los importes correspondientes. E, igualmente, debe apreciarse  que el artículo 3, apartado 1, de la referida Directiva 93/13 debe  interpretarse en el sentido de que, en principio, una cláusula contractual como  la controvertida en el litigio principal, relativa a los gastos de gestión de  un contrato de préstamo, que no permite identificar inequívocamente los  servicios concretos proporcionados como contrapartida, no causa, contrariamente  a las exigencias de la buena fe y en detrimento del consumidor, un  desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se  derivan del contrato. (Sentencia  de 3 de octubre de 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala  Tercera, asunto n.º C-621/17)

La exclusión del Derecho Societario de la aplicación del Convenio de  Roma y del Reglamento Roma I no ampara un contrato fiduciario de administración  de participación social

  Ley aplicable a las obligaciones  contractuales Exclusión del Derecho de sociedades del ámbito de aplicación del  Convenio de Roma y del Reglamento Roma I. Contrato fiduciario entre un  profesional y un consumidor para administrar una participación comanditaria.

El artículo 1.2 e) del Convenio  sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, abierto a la firma en  Roma el 19 de junio de 1980, y el artículo 1.2 f) del Reglamento (CE) n.º  593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la  ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), deben interpretarse en  el sentido de que no están excluidas del ámbito de aplicación de dicho Convenio  y de dicho Reglamento obligaciones contractuales, como las controvertidas en el  litigio principal, que tienen su origen en un contrato fiduciario cuyo objeto  es la administración de una participación en una sociedad comanditaria.

El artículo 5.4 b) del citado  Convenio y el artículo 6.4 a), del mencionado Reglamento deben interpretarse en  el sentido de que no está comprendido en el ámbito de la exclusión prevista en  dichas disposiciones un contrato fiduciario en virtud del cual los servicios al  consumidor deben prestarse, a distancia, en el país de residencia habitual de  este desde el territorio de otro país.

El artículo 3.1 de la Directiva  93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en  los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de  que es abusiva, en el sentido de esta disposición, una cláusula de un contrato  fiduciario para la administración de una participación comanditaria, como los  controvertidos en el litigio principal, celebrado entre un profesional y un  consumidor, cláusula que no fue negociada individualmente y que establece como  Derecho aplicable el del Estado en que se encuentra el domicilio social de la  sociedad comanditaria, cuando induzca al consumidor a error dándole la  impresión de que el contrato se rige exclusivamente por el Derecho de ese  Estado miembro, sin informarle de que, conforme al artículo 5.2 del referido  Convenio y al artículo 6.2 del repetido Reglamento, le ampara también la  protección que le garantizan las disposiciones imperativas del Derecho nacional  que sería aplicable de no existir esa cláusula. (Sentencia  de 3 de octubre de 2019, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala  Primera, asunto n.º C-272/18)





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